¿Cuánto dinero deben devolver los condenados en el caso Vialidad? La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia confirmó un monto de 685.000 millones de pesos, pero un cálculo extraoficial realizado por el fiscal Diego Luciani eleva esa cifra a 897.851.557.131 pesos. Este aumento responde a una consideración clave: para el Ministerio Público Fiscal, el primer valor se estableció hace un año y debe actualizarse. Por eso, como informó Clarín, se solicitará la actualización del monto fijado como decomiso que Cristina Kirchner y los demás condenados deben afrontar con su patrimonio.
En junio del año pasado, cuando se confirmó la sentencia del caso Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, solicitó al cuerpo de peritos contables del máximo tribunal que estableciera el valor actual del dinero implicado en la maniobra defraudatoria. El monto original reclamado por la acusación al concluir el juicio en 2022 era de 85.000 millones de pesos.
Así, se determinó que el decomiso correspondiente al fraude cometido entre 2003 y 2015, mediante 51 licitaciones viales adjudicadas a Lázaro Báez a través de mecanismos irregulares como direccionamiento de contratos, concursos simulados y sobreprecios promedio del 65%, ascendía a 684.990.350.139,86 pesos.
Las defensas impugnaron el mecanismo técnico utilizado para establecer esa cifra, y fue la Corte Suprema la que resolvió el debate hace pocos días: al rechazar las apelaciones, ratificó el monto del decomiso.
Sin embargo, la fiscalía de Luciani volvió a analizar los valores. Según fuentes judiciales a las que tuvo acceso Clarín, existe un nuevo cálculo extraoficial. Desde la última actualización, realizada en julio de 2023 y fijada en 685.000 millones de pesos, a la fecha se registra una pérdida real de 212.861.206.992 pesos, lo que representa un incremento del 31,08%, es decir, un aumento promedio mensual del 1,49% (34,34% anualizado).
Este cálculo se efectuó con la misma metodología aplicada por los peritos de la Corte Suprema y que fue avalada recientemente. Por lo tanto, para el Ministerio Público Fiscal ahora correspondería reclamar 897.851.557.131 pesos. “Dado que el monto ya está desactualizado, al menos desde julio del año pasado, se evalúa solicitar su actualización. Cuantas más dilaciones interpongan para no devolver a la sociedad lo que desapoderaron del Estado, mayor será el monto del decomiso”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
Será responsabilidad del TOF 2 ordenar, si lo considera pertinente, la actualización una vez que el fiscal Luciani formule el pedido formal.
El decomiso es la herramienta que tiene el Poder Judicial para recuperar el producto del delito, es decir, para que los condenados restituya lo que se robaron y que pertenecía a las arcas del Estado.
En presentaciones anteriores, el fiscal Luciani exigió una pronta ejecución patrimonial, ya que Cristina Kirchner y los demás acusados nunca depositaron voluntariamente el monto fijado por el TOF 2. Además, “han recurrido a todo tipo de maniobras procesales, declaradas inadmisibles en reiteradas ocasiones por el tribunal responsable de la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores”.
Como consecuencia de esos recursos, Luciani sostiene que se “viene postergando la recuperación de activos que ordenó la sentencia judicial firme. Esta resistencia evidencia la total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
A juicio del representante del Ministerio Público, “muchos de los condenados cuentan con fortunas de una opulencia irrazonable y desproporcionada como para, por lo menos, iniciar el complicado proceso de recuperación de los activos provenientes de los actos de corrupción cometidos durante doce años”.
El primer pedido de decomiso, confirmado por la Cámara de Casación, incluye 111 bienes muebles e inmuebles: 20 pertenecientes a la familia Kirchner, 84 a Lázaro Báez y el resto repartido entre empresas y demás acusados. Será la Corte Suprema la que defina si la orden de ejecución de bienes emitida en noviembre pasado por el TOF 2 es válida, al resolver la queja presentada por la ex presidenta y los otros condenados.
Si el máximo tribunal rechaza esos reclamos, asumirá la titularidad de los bienes decomisados en su calidad de cabeza del Poder Judicial. Los ministros de la Corte deberán determinar el destino de las propiedades y vehículos incluidos en este primer conjunto solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Aquellos bienes que no sean funcionales a la tarea judicial podrán ser cedidos a organismos públicos o rematados.
### Tres etapas de decomisos
El TOF 2, presidido este año por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, trabaja en una segunda etapa de bienes a decomisar, presentada en febrero de 2024 por el fiscal Luciani.
Esta segunda tanda consta de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculadas a Lázaro Báez— y 46 automotores.
Junto a un exhaustivo inventario de propiedades, el Ministerio Público también reclama como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de una cuenta de ahorro en el Banco Galicia y 53.280,24 pesos.
La medida que solicitan los fiscales
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora