Se trata de un mecanismo legal para que personas sobreendeudadas. La propuesta no es nueva: proyecto de ley con ese fin fue presentado en el Congreso en 2015.
La propuesta de la ex presidenta Cristina Kirchner de crear una «Ley de Segunda Oportunidad» para aliviar a los «hogares vulnerables» con «la soga al cuello» por las deudas reinstaló en el debate público una herramienta legal que ya cuenta con un proyecto concreto en el Congreso desde el año 2015.
La iniciativa, tal como la describió la ex mandataria, busca crear un «programa nacional de alivio de deuda personal» para que las familias puedan renegociar sus pasivos con tasas justas y plazos sostenibles. Lo que muchos no saben es que en 2015 los entonces senadores Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá presentaron un proyecto de ley casi idéntico.
¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
Es un procedimiento legal diseñado específicamente para personas físicas (no empresas) que se encuentran en un estado de sobreendeudamiento, es decir, que no pueden hacer frente a las deudas que contrajeron. El objetivo es ofrecerles una salida para sanear su economía, reorganizar sus pasivos y, en los casos más extremos, obtener la cancelación de lo que no pueden pagar para «volver a empezar».
El proyecto que duerme en el Congreso desde 2015
El proyecto de ley (S-2877/15) crea un «Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores». Esta ley no es para cualquiera, sino que define como «pequeño deudor» a la persona cuyos ingresos no superen los veinte salarios mínimos y cuyas deudas no sobrepasen el 300% de sus ingresos mensuales.
La iniciativa, que debe ser solicitada por el propio deudor, propone dos caminos principales, siempre y cuando se demuestre la «buena fe» del solicitante:
- Conciliación extrajudicial: para los casos considerados «remediables». Se abre una instancia de negociación con los acreedores para elaborar un plan de pagos que no puede superar los siete años. Si no hay acuerdo, un síndico puede proponer un plan con quitas, esperas o refinanciación.
- Restablecimiento personal: para los casos «irremediablemente comprometidos», donde no hay posibilidad de cumplir un plan de saneamiento. En esta instancia, un juez ordena la venta de los bienes del deudor para pagar a los acreedores. Una vez liquidados los activos, el juez puede declarar «extinguidas todas las deudas» que no se lograron cubrir. Los acreedores ya no podrán reclamar ese saldo en el futuro.
Protección a la vivienda y otros bienes
Un punto clave del proyecto es la protección de los bienes esenciales para la vida del deudor. La ley establece que en el proceso de «Restablecimiento personal» no se pueden vender (enajenar) los bienes inembargables, como la sede de la actividad laboral de la persona y, fundamentalmente, «el inmueble del deudor cuando constituya su única vivienda u hogar».
Inspiración en leyes de otros países
Tal como mencionó Cristina Kirchner, la idea no es nueva. Los fundamentos del proyecto de 2015 citan explícitamente las legislaciones de Francia y España como modelos a seguir, donde este tipo de leyes de «perdón de deudas» para consumidores existen desde hace años. El texto argumenta que aplicar la ley de quiebras tradicional (pensada para empresas) a un consumidor sobreendeudado viola derechos constitucionales como el de una vivienda digna.
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