El ingreso más bajo subiría un 16,4% y para quienes no reciben bono la mejora sería de 7,2%. Cómo quedarían las jubilaciones según el proyecto de la oposición en el Senado y las previsiones de financiamiento de las subas.
Proyecto de aumento de jubilaciones. El Senado de la Nación debate el proyecto de ley previsional que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Si la norma lograra superar el veto presidencial anunciado por el Gobierno y quedara finalmente vigente, los jubilados y pensionados recibirían incrementos diferenciados en sus ingresos.
Según el texto, quienes perciben el haber mínimo más el bono de $70.000 verían un aumento del 16,4%, mientras que el resto de los beneficiarios —con haberes superiores al mínimo— tendría una mejora de 7,2%. Esta diferencia en el incremento apunta a compensar, en parte, la pérdida de poder adquisitivo acumulada en años anteriores.
Durante la vigencia de la fórmula de movilidad del gobierno anterior, entre 2021 y marzo de 2024, las jubilaciones perdieron un 50,3% de su poder de compra frente a la inflación, según datos del INDEC y fallos judiciales.
Ejemplos concretos: cuánto se cobraría con la nueva ley
En caso de que la iniciativa hubiera estado vigente desde junio, el haber mínimo más bono en julio habría alcanzado los $441.564, contra los $379.295 que efectivamente se percibirán este mes. Es decir, una diferencia de $62.269 o del mencionado 16,4% de mejora.
Para quienes cobran montos superiores al haber mínimo, la suba del 7,2% también implicaría una mejora considerable. Por ejemplo, un jubilado que hoy recibe $500.000 habría percibido $536.000, y el haber máximo de $2.081.261 habría llegado a $2.231.112, lo que representa $149.851 adicionales.
Este incremento del 7,2% se plantea como una corrección a la suba extraordinaria del 12,5% otorgada en abril por decreto, con la intención de que ese ajuste alcance el 20,6%, equivalente a la inflación de enero de 2024.
Bono actualizado y reajuste mensual por inflación
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la actualización mensual del bono, que pasaría de $70.000 a $110.000 y se ajustaría en paralelo a los haberes. “El aumento de 7,2% se incorporaría al haber mensual siguiente al de la sanción de la presente [ley] sobre el haber percibido en el mes de su sanción”, establece el texto.
Esto implica que si el Senado aprueba la ley este mes, y el Gobierno no logra bloquearla con el veto, el reajuste comenzaría a regir a partir de los haberes de agosto. El proyecto también dispone que el bono actualizado no será descontado ni se considerará para el aguinaldo, manteniéndose sin cambios en su forma de percepción.
Quienes cobren la jubilación mínima o menos, como titulares de prestaciones no contributivas, percibirán el bono completo. Aquellos con haberes por encima del mínimo, pero por debajo de la suma del haber mínimo más bono, recibirán un refuerzo proporcional.
Fuentes de financiamiento para sostener la reforma
A diferencia del proyecto aprobado y vetado en 2024, la iniciativa actual incluye fuentes específicas de financiamiento. Entre ellas, se prevé la eliminación de exenciones de IVA para directores de empresas y la derogación de beneficios en Ganancias para las Sociedades de Garantía Recíproca.
También se propone redireccionar dos partidas presupuestarias asignadas a la Secretaría de Inteligencia por decreto, por un total de $32.616 millones, y afectar recursos provenientes de los entes cooperadores de los registros automotor y de la eliminación de sobrecargos en los intereses del FMI.
Pese a estos mecanismos detallados en el proyecto, el presidente Javier Milei no se refirió al contenido financiero al criticar la propuesta. Insistió en que quienes impulsan los aumentos deben explicar “cómo quieren financiarlo” o “qué gasto público quieren que bajemos”.
Movilidad por ley y fondos para las cajas provinciales
Otro de los puntos relevantes del texto es que busca ratificar por ley la fórmula de movilidad basada en inflación, actualmente vigente por el DNU 274. Esta modalidad reemplazó la fórmula anterior, cuestionada judicialmente y responsable de una pérdida real del 50% del poder adquisitivo para los haberes sin bono.
Además, el proyecto contempla transferencias a las provincias que aún mantienen sus cajas previsionales, para cubrir el déficit entre ingresos y egresos. Se trata de un reclamo histórico que el Gobierno nacional viene rechazando, argumentando la necesidad de acuerdos previos y equilibrio fiscal.
El debate en el Senado, y el desenlace del posible veto presidencial, definirán el futuro inmediato de millones de jubilados y pensionados, en un contexto económico donde el poder adquisitivo de los sectores pasivos sigue siendo una de las principales preocupaciones. (Con información de La Nación)
