La medida busca generar una mayor competitividad y oferta en el mercado interno.
El Gobierno nacional concretó la eliminación de limitaciones fiscales sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias para empresas radicadas en Tierra del Fuego, mediante el Decreto 535/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La medida busca bajar los costos en las ventas directas a consumidores finales desde el Área Aduanera Especial (A.A.E.), paragenerar una mayor competitividad y oferta en el mercado interno.
Al respecto, la normativa argumentó la decisión “con el fin de remover los obstáculos que afectan la competitividad de la industria fueguina y asegurar una mayor oferta de los productos originados en dicha jurisdicción”.
Las restricciones eliminadas imponían condiciones al cómputo del crédito fiscal presunto en IVA y también limitaban deducciones y beneficios en Ganancias, particularmente en operaciones con consumidores finales, empresas vinculadas o intermediarios.
El decreto explicó que dichas limitaciones fiscales “operan como un factor que resta competitividad a los productos fabricados en el Área Aduanera Especial (A.A.E.), afectando la sostenibilidad del polo industrial”.
Asimismo, remarcó que “el actual contexto macroeconómico nacional, signado por la consolidación de un programa de estabilización, la reactivación de la actividad económica y la implementación de políticas de apertura comercial y desregulación, ha modificado sustancialmente las condiciones de competencia para la industria argentina en general y para la radicada en el A.A.E. en particular”.
De esta manera, el Gobierno consideró que “frente a este escenario de desventaja competitiva identificado, a partir de la experiencia recogida y a la luz del análisis del comportamiento del flujo comercial entre el A.A.E. y el Territorio Continental de la Nación (T.C.N.), se considera conveniente optimizar la articulación del régimen industrial, teniendo en cuenta la dinámica actual entre ambas regiones”.
De esta manera, estimó oportuno “adoptar medidas que fortalezcan y dinamicen la actividad de las empresas que han asumido el compromiso de acompañar los objetivos estratégicos de desarrollo planteados en el Decreto N° 727/21”, con la adhesión a la citada norma que prorrogó la vigencia del régimen de promoción industrial hasta el 31 de diciembre de 2038.
Las empresas beneficiarias deberán acreditar que sus productos son originarios del A.A.E., conforme lo establece la Ley 19.640, para aplicar al nuevo tratamiento tributario durante el plazo de vigencia de la promoción.
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