La baja de recaudación complicó una meta con el FMI y ahora el Gobierno necesitará una nueva ronda de ajuste

Una combinación de una recaudación tributaria más débil de lo esperado y un ajuste del gasto insuficiente provocó el primer incumplimiento de la meta de superávit con el FMI en el primer semestre del año. Esta situación podría obligar al Gobierno a implementar una nueva ronda de recortes para alcanzar el objetivo anual.

Junio cerró con déficit fiscal por primera vez en el año, debido a la postergación del pago del impuesto a las Ganancias y a un aumento en los gastos presupuestarios, principalmente por el pago de aguinaldos a empleados públicos y mayores subsidios a la energía.

A pesar de ello, el primer semestre finalizó con un superávit primario —la variable que monitorea el FMI, que excluye el pago de intereses de la deuda— equivalente al 0,6% del PIB. Para cumplir la meta anual, el superávit debe alcanzar el 1,4% del producto. Además, existen metas intermedias, que si bien no son definitivas, son observadas durante las revisiones técnicas trimestrales.

La consultora Outlier señaló que, aunque el superávit primario acumulado estuvo por encima del umbral establecido en el programa con el FMI, se deben descontar los “ingresos extraordinarios” no computados por el organismo, como los obtenidos a principios de año por la privatización de las represas del Comahue. De esta forma, el resultado primario entre enero y junio fue de 7,33 billones de pesos (0,65% del PIB), pero al descontar esos ingresos extraordinarios se reduce a 6,3 billones de pesos (0,55% del PIB), por debajo de la meta semestral de 6,86 billones prevista en el acuerdo con el FMI.

Outlier agregó que la meta para el primer semestre ya había sido flexibilizada respecto de la revisión anterior del acuerdo, que contemplaba una cifra de 8,6 billones de pesos. Por su parte, la meta anual se mantuvo sin cambios en 16,26 billones de pesos, alrededor del 1,4% o 1,5% del PIB. En ese contexto, la consultora advirtió que el segundo semestre deberá generar un superávit primario mayor al del primero para alcanzar el objetivo, y consideró que la meta “ahora es muy exigente”.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que la diferencia respecto de la meta alcanzó unos 570.000 millones de pesos. Al proyectar la estacionalidad del año pasado, el Tesoro podría acumular a fin de año un total de 10,52 billones, quedando pendientes 5,74 billones para cumplir la meta exigida por el organismo. En otras palabras, si en el primer semestre el superávit primario fue de 6,3 billones, en la segunda mitad del año debería superar los 10 billones de pesos para alcanzar el objetivo fiscal pactado.

Outlier advirtió que el “ancla fiscal está bajo presión” debido a una actividad económica que se desarrolla por debajo de lo previsto y a una recaudación tributaria más débil, especialmente en conceptos como IVA e impuesto sobre créditos y débitos bancarios. Además, señaló que medidas adoptadas durante 2025, como el adelanto en la declaración de ventas de granos en el período con retenciones más bajas, impactaron negativamente en los recursos fiscales de 2026. Según la consultora, el deterioro de las cuentas públicas “limita la capacidad para seguir bajando impuestos” y aumenta la necesidad de que la economía recupere su dinamismo.

En la misma línea, la consultora LCG destacó que el Gobierno renegoció con el FMI la meta de superávit primario para este año, reduciéndola del 2,2% al 1,4% del PIB. No obstante, advirtió que la continua caída de los ingresos públicos obliga a profundizar el ajuste del gasto para cumplir con el compromiso. Según LCG, más allá de la decisión oficial de respetar las metas pactadas, “la magnitud, la composición y la tolerancia social del esfuerzo fiscal necesario” podrían representar un costo político para el Gobierno.

Como señal de esta tensión, el Ejecutivo optó por una reducción limitada de las retenciones, concentrada en trigo y cebada, postergó la baja para la soja y sus derivados hasta 2027 y demoró hasta noviembre la implementación del Fondo de Afectación Laboral (FAL), medidas orientadas a preservar recursos fiscales en el corto plazo.