El Consejo General de Educación detectó irregularidades en rendiciones de fondos administrados por un apoderado del Arzobispado de Paraná, quien ya fue separado de su cargo y acordó restituir el dinero «mal rendido».
REDACCIÓN ELONCE
La Justicia de Paraná investiga una denuncia del Consejo General de Educación por el presunto desvío de fondos de cuatro escuelas públicas de gestión privada bajo la órbita del Arzobispado de Paraná, tras detectar irregularidades en las rendiciones de cuentas que se extendían desde años anteriores. La investigación inicial del CGE permitió identificar comprobantes presuntamente apócrifos, lo que derivó en la denuncia penal correspondiente contra quien era el apoderado legal de las instituciones educativas, Víctor Adrián Godoy, recientemente separado de su cargo.
Según explicó a Elonce el secretario general del CGE, Conrado Lamboglia, al asumir la gestión en diciembre de 2023 se encontraron rendiciones pendientes por parte de escuelas privadas en toda la provincia, algunas incluso del año 2006 . «Desde el área de Liquidaciones y Auditoría comenzamos a revisar y solicitar las rendiciones faltantes, y detectamos comprobantes que parecían apócrifos. Esto llevó al Consejo General de Educación a presentar la denuncia penal correspondiente en agosto de 2024, que dio origen a las acciones posteriores», indicó.
Fue así como la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Víctor Adrián Godoy, imputado por el presunto delito de Defraudación a la Administración Pública, para determinar el destino de más de 93 millones de pesos que habrían sido desviados desde el CGE hacia cuentas personales del sospechoso.
Es que, según especificó Lamboglia, «los fondos se transfieren directamente a la institución, que los recibe en su cuenta para cubrir los cargos que el Consejo le reconoce». «Según lo que se investiga en la Justicia, parte de ese dinero habría sido desviado a la cuenta personal de esta persona», aclaró en relación a la maniobra delictiva que se investiga en la instancia judicial.
De acuerdo a lo que informó Lamboglia, el dinero faltante fue reintegrado a las escuelas afectadas, y la denuncia fue elevada a la Justicia para su seguimiento. «Administrativamente, seguimos en contacto con el Arzobispado de Paraná, titular de los establecimientos educativos, que decidió separar a esta persona de sus cargos de apoderado legal. Además, se logró un acuerdo para reintegrar el dinero que no había sido rendido correctamente», especificó.
El CGE aclaró que la instancia judicial continuará la investigación, mientras que el organismo educativo permanece a disposición para colaborar con el proceso. Por el momento, no se registraron otros casos similares en las escuelas privadas bajo supervisión del CGE.
