Fue en el marco de una investigación internacional contra la ciberdelincuencia.
Una investigación internacional contra la ciberdelincuencia permitió desbaratar una red internacional de pedofilia en Argentina y derivó en dos allanamientos en la ciudad de Salta.
Según informó el portal El Tribuno de Salta, los procedimientos se realizaron en el marco de la operación Aliados por la Infancia V, que involucra a 15 países y busca desarticular el intercambio de material de abuso sexual infantil en internet.
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, confirmó que entre martes y miércoles se llevaron adelante los allanamientos, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y material de interés para la causa. Los dos sospechosos salteños serán imputados en las próximas horas.
La operación se coordinó a través del Ministerio Público Fiscal de CABA, con la colaboración de organismos de Estados Unidos, y se apoyó en el sistema ICACCOPS (Internet Crimes Against Children – Child On-line Protection System), una plataforma que permite rastrear a los usuarios que comparten imágenes y videos de explotación sexual infantil.
De acuerdo a la investigación, los imputados utilizaban eMule (P2P), un programa de intercambio de archivos que facilita la distribución anónima y descentralizada de material ilegal.
En total, fueron identificados 50 domicilios en Argentina vinculados con la causa, distribuidos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Misiones, Formosa, La Rioja, San Luis, San Juan, Santa Cruz y Salta.
La fiscal Cornejo advirtió sobre la gravedad de este tipo de delitos: “Este tipo de prácticas permiten a los pedófilos el anonimato y la masividad de alcance en cuestión de segundos, dejando a niños, niñas y adolescentes en una situación de total vulnerabilidad”.
Además de Argentina, participan del operativo Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
Finalmente, se supo que en Salta, la Dirección General de Ciberseguridad y la División de Trata de Personas de la Policía provincial colaboraron en los procedimientos.
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