El oficialismo buscará este miércoles en la Cámara de Diputados obtener media sanción para la ley de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), dos iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Además, intentará avanzar con la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), compromiso asumido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque mantuvo reservado un capítulo clave del acuerdo.
La sesión, convocada para las 12 por Martín Menem, fue solicitada por legisladores de diversas bancadas, lo que asegura el quórum necesario. Para garantizarlo, el oficialismo realizó varias concesiones y amplió la agenda incorporando proyectos presentados por bloques aliados y gobernadores, tal como informó Clarín.
El pedido de sesión fue firmado por La Libertad Avanza, que cuenta con 95 diputados; el PRO (12); la UCR (6); los tucumanos de Independencia (3); los sanjuaninos de Producción y Trabajo (2); e Innovación Federal, integrado por nueve miembros de Misiones y Salta, que mañana se relanzará con nuevo nombre y jefe de bloque. También respaldaron la convocatoria legisladoras como Karina Banfi (UCR bonaerense), José Luis Garrido (Santa Cruz), Karina Maureira (Neuquén) y Gisela Scaglia (Provincias Unidas, Santa Fe), esta última a título personal, ya que no todos los integrantes de su bancada coinciden.
Con estos apoyos, el oficialismo supera los 129 diputados necesarios para abrir la sesión, que se prevé extensa y demandante. Horas antes, el temario se amplió para incluir un proyecto presentado por Unión por la Patria: la «Ley Joaquín», que establece la obligatoriedad de medidas de seguridad en prácticas deportivas y recreativas, específicamente en la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos y juegos de plaza en espacios públicos y privados. Esta inclusión busca mantener el interés y asegurar la continuidad del quórum hasta el final de la sesión.
En cambio, se descartó incorporar la derogación de una ley kirchnerista que crea un tribunal en Santa Cruz para juzgar causas de corrupción, debido a que varios aliados del oficialismo, que habían manifestado que respaldarían al Gobierno «ley por ley», apoyaron el rechazo al proyecto durante el debate en comisión.
La oposición prevé una sesión prolongada no solo por los 17 expedientes a tratar, sino también por el anuncio de múltiples cuestiones de privilegio y el intento de incorporar a la discusión la extensión por un año de la emergencia en discapacidad, junto con más de 30 iniciativas relacionadas con las familias endeudadas. Aunque no cuentan con los números necesarios para incluir estos temas en el temario, aprovecharán el recinto para visibilizarlos y sondear apoyos. Paralelamente, se organizan para solicitar una sesión especial dentro de 15 días dedicada a estos proyectos.
En cuanto a los proyectos centrales, con Inocencia Fiscal II el oficialismo propone modificar la ley sancionada en diciembre pasado, eliminando los límites de ingresos y patrimonio para ingresar al régimen simplificado de Ganancias. Según el nuevo texto, podrán adherir todos los contribuyentes, excepto funcionarios, legisladores y magistrados, aunque los grandes contribuyentes recibirán menos beneficios. Además, se redefine qué constituye una “discrepancia significativa” para abrir investigaciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Por su parte, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA establece como único objetivo preservar el valor de la moneda, prohíbe que el Banco Central financie al Estado y exige una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para remover a su presidente. Sin embargo, sectores como el MID, diputadas y diputados cordobeses y otros aliados solicitan retoques al texto.
La Libertad Avanza también impulsará la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, así como del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), compromiso asumido con Estados Unidos.
Respecto al tratado de patentes, firmado originalmente en 1970 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), establece un sistema internacional simplificado para la tramitación de patentes. El Senado lo aprobó en 1998, pero la Cámara de Diputados nunca lo ratificó. Este año, el Gobierno decidió reflotarlo como parte del acuerdo bilateral con Estados Unidos.
La aprobación estaba prevista para fines de abril, pero el dictamen se retrasó debido al fuerte lobbying de farmacéuticas y laboratorios locales. Finalmente, para alcanzar las firmas necesarias, el oficialismo aceptó reservar el Capítulo II del tratado, que regula el examen preliminar internacional, ante las objeciones de los laboratorios nacionales. Estos advierten que dicho mecanismo podría favorecer patentes extranjeras y prácticas monopólicas en detrimento de la producción local. Varios países ratificaron el convenio excluyendo este capítulo.
El principal temor radica en la práctica conocida como evergreening, que consiste en patentar modificaciones menores de medicamentos ya existentes para prolongar artificialmente su exclusividad y bloquear la competencia durante 20 años. Cámaras del sector farmacéutico, como CILFA, han señalado que esta estrategia podría afectar la soberanía sanitaria y debilitar a la industria local.
En caso de aprobarse, el tratado deberá volver al Senado para ratificar la reserva introducida. Desde el Ejecutivo destacaron que la mayoría de los países que aplicaron esta exclusión inicialmente la levantaron con el tiempo.
Entre las concesiones a aliados, en una estrategia poco habitual para La
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